observatorio petrolero
Barril criollo, otro salvataje que nos aleja de la diversificación
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Se
publicó finalmente el decreto que fija el precio del barril de
petróleo en Argentina. Ante la imposibilidad de acuerdo entre
empresas y estados provinciales, el gobierno nacional impuso su
decisión: 45 dólares. El monto supera por 10
dólares la referencia internacional y por 19 el costo de
producción de shale en Neuquén. Esta definición
aparece como un salvataje a las empresas del sector, para que no dejen
de perforar y bombear hidrocarburos. Funciona, fundamentalmente, como
un rescate para las provincias que dependen de los ingresos por el
cobro de regalías petroleras, cuyas economías si no se
incendiaron están al borde.
Por OPSur
El
decreto 488/2020 fijó el precio al que las refinerías
deben abonar el crudo. No hay transferencia de fondos estatales,
sino un precio de transacción. Mientras no aumente el precio del
combustible que pagan quienes consumen, la norma redistribuye los
costos al interior de la cadena de producción. La
definición gubernamental beneficia a las empresas que extraen
crudo por sobre las que lo refinan, que reclamaban un barril a 37. Eso
sí, pese a la caída del precio del barril internacional,
en Argentina los combustibles en pesos no bajan.
Según
Andrés Repar del Instituto de la Energía Scalabrini Ortiz
y en base a lo que han declarado YPF y la petrolera de Miguel Galuccio,
Vista Oil, un buen precio de base para el barril sería 26
dólares; 19 por debajo del fijado. Durante este año el
precio promedio al que se vendió el crudo en el país fue
de 54 dólares en enero, 51 en febrero y 42 en marzo. En abril
esa cifra se derrumbó pero todavía no fue publicada por
la Secretaría de Energía.
El
freno de la economía y la reducción del consumo derivado
del aislamiento social preventivo y obligatorio generaron un
sobrestock. El mismo fenómeno en el mundo ocasionó la
caída del precio internacional de petróleo. Ambos
procesos pusieron en jaque al sector petrolero en Argentina,
particularmente en Vaca Muerta, que demanda precios altos para extraer
hidrocarburos. El decreto 488/2020 es un salvataje a las empresas pero
lo que está de fondo es la importancia del sector como
dinamizador de economías locales.
Uno
de los determinantes para la implementación de la medida fue la
situación crítica en las provincias donde se extrae
crudo. Por regalías, estas reciben el 12% de la
producción, por eso siempre reclaman un precio alto: en marzo
habían pedido un barril a 54 dólares. Se espera que con
una paulatina recomposición de la demanda y el barril criollo se
reactive el sector extractivo y que, además de incrementarse la
recaudación provincial, las diversas actividades asociadas
revitalicen esas economías. Con ese horizonte, el decreto
488/2020 demanda a las operadoras que sostengan la inversión
para mantener “los niveles de actividad y/o de producción
registrados durante el año 2019”, además de
“los contratos vigentes con las empresas de servicios
regionales” y del personal empleado al 31 de diciembre de 2019.
Pero esa meta podría quedar en una declaración de buenas
intenciones y bajo alcance en vista de las dificultades que plantean
las compañías y la inacción gubernamental ante los
despidos registrados en diferentes sectores de la economía,
incluso a pesar de haber sido prohibidos al inicio de la cuarentena.
Es
tanta la importancia de las provincias en la fijación de este
barril que el CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni, propuso un
desdoblamiento del precio interno. La petrolera, además de ser
una de las principales operadoras de Argentina, controla la planta de
refino de Axion, en Campana, Buenos Aires. En las negociaciones, el
ejecutivo propuso un barril a 37 dólares y que las provincias
cobren regalías como si su precio fuera de 45, es decir, 5,4
dólares por barril producido. En definitiva, un aumento de las
regalías para que las provincias aceptaran un barril más
bajo.
El
ejemplo paradigmático de la dependencia es Neuquén, que,
al 31 de septiembre, era el distrito con mayor endeudamiento per
cápita del país. En la década de 1990
consolidó su matriz monoproductora, situación que no
revirtió a pesar de los distintos planes de
diversificación que se implementaron. El estado es el mayor
empleador, el pago de sueldos representa el 62% de los gastos
presupuestados por la provincia para 2020, mientras que las
regalías explican el 32% de los ingresos. En Santa Cruz y
Chubut, en tanto, las regalías representan alrededor del 25% del
ingreso provincial. Más allá de la situación
actual, cualquier política a mediano plazo requiere repensar las
dinámicas económicas de esas provincias. Más
cuando como el costo no declarado de esta actividad se ha traducido, a
lo largo de las décadas, en una fuerte degradación y
contaminación de los territorios, como recientemente lo
advirtió el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
Nación, Juan Cabandié, que aseguró que la
situación ambiental en Vaca Muerta es “alarmante”.
Un
política soberana sobre la energía implica un desacople
de los precios internacionales, tanto cuando estos suben como cuando
bajan. El sector (y sus provincias amigas) reclama aumentos cuando el
precio internacional se sube y ayudas cuando el precio internacional
cae, liberales en las alzas, estatistas en las bajas, la historia misma
del empresariado. El desacople, en tanto, debería estar pautado
en base a precios de producción que hoy solo podemos estimar por
las declaraciones empresariales. Por otra parte, la captación de
renta petrolera por parte de las “provincias productoras” a
través del cobro de regalías derivó en una
perniciosa asociación que funciona en pos de beneficios de las
empresas, en las que sectores de las clases dirigentes locales
intervienen como voceras de las compañías. Se crea
así un espiral de dependencia, al tiempo que logran mejoras en
la cotización interna del barril o se incrementa la
extracción, aumenta la subordinación de las
economías provinciales a los ingresos por regalías.
Mientras que por otro lado, quienes sufren la afectación directa
por las explotaciones, así como las y los consumidores de
combustible, quedan marginados del debate.
Una
política soberana implica hoy apostar a una profunda
diversificación productiva de las regiones donde se extraen
hidrocarburos. Diversificación productiva que debe ir de la mano
de la transición energética. La crisis sanitaria y
económica que atravesamos debe impulsarnos a no demorar
más esa decisión.
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